Caso no.2

CASO 2

Si la muerte está, hay que dejarla acontecer”. Lo dice Selva Herbón, la mamá de Camila. Su hija tuvo un problema en el parto (le faltó oxígeno y tuvo un paro cardiorrespiratorio del que salió tras 20 minutos de maniobras de reanimación). Las consecuencias fueron tremendas. Camila nunca respiró por sus propios medios. No oye, no ve, no habla, no siente nada, no se mueve. No tiene conciencia de su existencia. Ya cumplió dos años y nada cambió. No hay ninguna mejoría, ni la más mínima. Sigue acostada en una cunita de un hospital, ajena a la vida. Sus padres quieren “dejarla ir”. Tres comités de ética dicen que su estado es “irreversible”. Pero los médicos no se animan a actuar. “Necesitamos una ley de muerte digna”, dice la mamá.

Camila está en Estado Vegetativo Permanente.

Ya pasó más de un año en ese estado, es invariable. Según tratados internacionales, los padres tienen autoridad para decidir sobre la vida de sus hijos. En términos morales, tienen derecho a pedir que se acabe con su vida, pero en términos jurídicos en este país no se puede”, explica Beatriz Firmenich, filósofa y coordinadora del Comité de Bioética del Incucai. Ese comité se expidió sobre Camila: recomendó la “limitación del esfuerzo terapéutico”. Lo mismo concluyó el comité de Bioética de la Fundación Favaloro y del Centro Gallego. Para Firmenich, “esta nenita ya no tendría que estar viva. Estos casos no tienen que hacerse públicos, no tienen que judicializarse, tienen que quedar en la confidencialidad médica. Esto sucede todos los días y nadie se entera, y está bien que sea así. Es ayudar al buen morir. El encarnizamiento terapéutico es un contrasentido de toda moral y ética”.

Muerte digna

Selva Herbón: “La situación por la que estamos pasando como familia es desgastante y dolorosa, considerando que tenemos una beba de 2 años y 3 meses en Estado Vegetativo Permanente. La situación de mi hija es irrecuperable e irreversible, y hay un vacío legal que impide retirar el soporte vital. Han dado su dictamen sobre la situación de Camila los comités de bioética de Fundación Favaloro, Incucai, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Centro Gallego, éste último donde se encuentra internada actualmente mi hija. Todos coinciden en que lo mejor es limitar el esfuerzo terapéutico y retirar el soporte vital. Sin embargo ningún médico quiere desconectar el respirador porque dicen que hay un vacío legal y el hecho se convertiría en homicidio. Por ello les suplico desde mi condición de madre, contemplando el mío y muchos otros casos, se abra un espacio de debate en el recinto…”.